Sólo en junio el Gobierno Nacional anuló más de 16.500 pensiones. El Gobierno de San Luis analiza recurrir a la justicia por la quita de pensiones
Un gran trago amargo es el que tienen que soportar las más de 70 mil personas de todo el país que se quedaron sin su pensión por discapacidad. La ministra de Desarrollo Social de San Luis, Alida García Peanú, mantuvo una reunión con el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Elías Adre, para recabar información acerca del número de reclamos por la quita de beneficios, que de acuerdo a las estimaciones del organismo central superaría los mil perjudicados en la provincia. Allí, los funcionarios provinciales analizaron recurrir a la Justicia Federal con una acción colectiva para beneficiar a todos los puntanos afectados. Y también solicitar una audiencia a la ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley, y al director de Anses, Emilio Basavilbaso.
“Estamos muy preocupados”, manifestó la ministra. “Están quitando pensiones no contributivas a la gente más vulnerable. Todas son personas con invalidez, madres con siete hijos o adultos mayores, que son los tres tipos de pensiones que el Estado otorga.” Y agregó que “estas decisiones no están contempladas por la ley, son interpretaciones que hace el Ministerio de Desarrollo Social para recortar gastos. El problema es que la gente afectada es muy humilde. Cuando se les informa que se les suspendió el beneficio, comienzan a pensar cómo van a hacer para comer.”
Sólo en junio el Estado nacional eliminó la ayuda económica de 4.776 pesos a más de 16 mil personas de todo el país, reveló el diario Clarín. “Lo peor de todo es el modo en que lo hacen, porque no hay una notificación previa”, manifestó García Peanú. “La persona se entera solamente cuando el cajero le avisa que no tiene dinero. Entonces va al banco, lo que para alguien del interior de la provincia implica un insumo de gasto y energía, y allí le notifican que el beneficio fue suspendido.”
Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, reconoció en el artículo de Clarín que se dieron de baja pensiones a personas con síndrome de Down porque se considera que en muchos casos pueden trabajar. La ministra García Peanú opinó que de esta manera se “saca de foco la discusión. El tema es no generalizar, hay que determinar si esa persona tiene algún grado de invalidez, como por ejemplo retraso madurativo, y entonces, en ese caso si le corresponde o no el beneficio.”
Raquel Weinstock, ex jefa del área de Discapacidad del gobierno provincial, puso énfasis en la dificultad para acceder a las pensiones de discapacitados otorgadas por la Nación. “Para obtener el beneficio, una persona debe tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), otorgado por una junta médica avalada por el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR)”, aseguró. El servicio establece la cobertura del 100% en las prestaciones para personas con discapacidad, bajo la ley 24.901.
Los recortes presupuestarios a nivel nacional ascendieron en los últimos tres meses, debido a la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de alcanzar la meta del 4,2% de déficit fiscal. Mientras tanto, las demoras en los pedidos de certificados de discapacidad, que ascienden a 180 mil, superan los 12 meses de espera.
Julio Braverman, histórico ex jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia, se refirió al ajuste de manera contundente: “Es una torpeza mayúscula querer hacer economía con la salud de la población. Constituye un agravio más de un gobierno que juega con los derechos de la gente.”
Los reclamos de los distintos sectores políticos y de las ONG no se hicieron esperar. Para las organizaciones de asistencia civil esta es una medida anticonstitucional, ya que entre otras cosas niega derechos básicos de los inválidos y discapacitados a gozar de una vida plena, de forma independiente y ser incluido en la sociedad.
